Un fallo histórico que decidirá el destino de 65 millones de animales enjaulados en España
Hoy queda grabado como un momento sin precedentes en la historia institucional de la Unión Europea. Por vez primera, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con sede en Luxemburgo, ha colocado a la Comisión Europea en el banquillo de los acusados por su parálisis legislativa.
El caso lo impulsa el Comité Ciudadano de la iniciativa "End The Cage Age", que denuncia el incumplimiento de un compromiso formal asumido en 2021: legislar para prohibir el uso de jaulas en la ganadería industrial. Lo que está en juego va más allá del bienestar animal; también se cuestiona la legitimidad real de la Iniciativa Ciudadana Europea como mecanismo de participación democrática.
Una iniciativa con 1,4 millones de firmas detrás
La plataforma "End The Cage Age" cuenta con el respaldo de 1,4 millones de firmas validadas y más de 170 organizaciones internacionales, entre ellas el Observatorio de Bienestar Animal, AnimaNaturalis, CIWF España, Igualdad Animal e INTERcids.
Su objetivo central es acabar con el confinamiento de 300 millones de animales al año —gallinas, conejos, cerdos, terneros y otras especies— que pasan su existencia encerrados en jaulas que les impiden moverse con libertad y desarrollar sus comportamientos más básicos.
Un compromiso incumplido sin justificación clara
Tras alcanzar el umbral necesario de firmas, la Comisión Europea adquirió el compromiso legal de presentar una propuesta legislativa antes de que terminara 2023. Ese plazo llegó y pasó sin ninguna iniciativa concreta ni una explicación sólida al respecto.
Esa inacción fue la chispa que llevó a los promotores a acudir a los tribunales en busca de una respuesta que las instituciones no habían querido dar por las vías ordinarias.
Una sala extendida: señal de la trascendencia constitucional del caso
El formato elegido por el Tribunal ya dice mucho. Al remitir el asunto a una Sala Extendida de cinco jueces, el TJUE ha enviado un mensaje inequívoco: este caso tiene peso constitucional para el funcionamiento mismo de la Unión Europea.
"La relevancia del proceso ha quedado patente en el formato de la vista. Es una señal clara de que el Tribunal considera que el asunto tiene una importancia constitucional para el funcionamiento de la UE", afirmó Blanca Ponce, Mánager de Incidencia Institucional en el Observatorio de Bienestar Animal.
España, en el centro del debate: más de 65 millones de animales enjaulados
Durante la audiencia, los magistrados interrogaron con contundencia a los representantes de la Comisión sobre los motivos del retraso. España ocupa un lugar central en esta discusión, al mantener anualmente a más de 65 millones de animales en condiciones de confinamiento.
Y la opinión pública respalda el cambio. Según datos de octubre de 2023, el 84% de los encuestados considera prioritario proteger el bienestar animal. Aún más revelador: un 89% de los ciudadanos europeos se opone directamente al uso de jaulas en la producción ganadera.
Primera vez que la Comisión debe rendir cuentas por ignorar una iniciativa ciudadana
La sentencia que dicte el TJUE marcará un precedente sobre cómo el poder ejecutivo europeo responde —o no— a la voluntad expresada directamente por la ciudadanía. Así lo subrayó Annamaria Pisapia, portavoz del Comité promotor, tras la audiencia:
"Es la primera vez que se pide a la Comisión que responda por no haber cumplido un compromiso adquirido en respuesta a una iniciativa ciudadana".
La presión no cesa mientras las jaulas siguen llenas
El proceso judicial avanza, pero la situación en las granjas no ha cambiado. Aun así, la presión política y ética acumulada nunca había sido tan intensa. Las organizaciones implicadas son tajantes: las jaulas "deben quedar relegadas al único lugar que les corresponde: los libros de historia".
Su postura no deja margen a la ambigüedad: "Nuestra campaña no se detendrá hasta que todas las jaulas estén vacías".
